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El proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021 incluirá una nueva moratoria de tres meses para el abono de cotizaciones a la Seguridad Social a la que se podrán acoger empresas y autónomos siempre que se encuentren al corriente de sus obligaciones y no estén en ningún otro aplazamiento en vigor. La enmienda de ERC, acordada con el Gobierno y aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados, recoge las demandas de las organizaciones de autónomos. La moratoria acordada alcanza a los pagos entre este mes de diciembre y el próximo mes de febrero en el caso de las empresas, y entre enero y marzo para los trabajadores autónomos. Además, tendrá un interés del 0,5% y se amortizará mensualmente con cuatro meses por cada mensualidad solicitada, con un máximo total de 12 mensualidades.

Se confirma que no habrá compensación para los pensionistas a comienzos del próximo año por la subida aplicada en el presente ejercicio, tras el desplome de la inflación en noviembre del -0,8%, ya que con la evolución de los precios desde el estallido de la crisis sanitaria y económica, el colectivo habrá ganado este 2020 entre 1,7 y 1,9 puntos porcentuales de poder adquisitivo.

Hacienda ha establecido un plan para acabar con el actual tapón de los tribunales económicos administrativos, paso obligatorio para recurrir las decisiones de los diferentes departamentos de la Agencia Tributaria y paso previo para que el contribuyente pueda acudir a la vía judicial con sus desacuerdos con Hacienda.
El retraso medio de los TEA es de más de dos años. Tan solo en el TEA de Madrid, en los últimos años había más de 60.000 empresas y ciudadanos con algún expediente pendiente de resolver. En los últimos años, a pasar de los esfuerzos de los TEA, hay unas 350.000 reclamaciones pendientes de resolver. El Ministerio de Hacienda ultima las instrucciones para la implantación de un nuevo modelo de gestión informática en los Tribunales Económico-Administrativos (TEA) y en la Dirección General de Tributos con la colaboración de la Agencia Tributaria, que alojará sus sistemas de información, lo que reducirá costes y tiempos. Este plan no se queda únicamente de la informática, sino que se van a reforzar las plantillas.

Trabajo ultima una orden ministerial para que los afectados por ERTE tengan “la consideración de colectivo prioritario para el acceso a las iniciativas de formación del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral”, indica el texto normativo que prepara. No obstante, Trabajo no prevé destinar ninguna partida presupuestaria para financiar estos cursos formativos, que se costearán por los canales habituales: las bonificaciones en el caso de las acciones organizadas por las empresas o por subvenciones, según admite Trabajo en el análisis de impacto normativo de la orden ministerial.