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La reducción de jornada no puede conllevar una rebaja de los días de vacaciones del trabajador que está acogido a este horario. Concretamente, el juzgado de lo social número 1 de Móstoles ha estimado una demanda de una trabajadora del Ayuntamiento de Fuenlabrada a la que se le redujo dos días de vacaciones el año pasado por disponer de reducción de jornada. "Una reducción de jornada podrá tener incidencia en la retribución económica de las vacaciones, pero no los días que deben ser disfrutados", recoge el fallo judicial para subrayar que la postura adoptada por el Ayuntamiento "es del todo inasumible" por este juzgado.

Ha establecido como doctrina que el método de comprobación del valor real de inmuebles, a los efectos del cálculo del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, que posibilita la Ley General Tributaria, consistente en multiplicar el valor catastral por un coeficiente, no es idóneo ni adecuado, salvo que se complemente con una comprobación directa por parte de la Administración del inmueble concreto sometido a valoración. El tribunal ha fijado esta doctrina en cuatro sentencias dictadas en los últimos días, donde ha examinado los recursos de la Junta de Castilla-La Mancha que pretendían elevar el valor declarado por cuatro contribuyentes para liquidar dicho impuesto de las viviendas que adquirieron en el año 2012.

Confirming con anticipo obligatorio’ es una de las nuevas modalidades de las grandes empresas para pagar de manera ilegal a pymes y autónomos. Esta modalidad les permite pagar fuera del plazo legal establecido. Consiste en que el proveedor es obligado contractualmente al anticipo de un pago confirmado en la fecha y al coste que al contratista principal le convenga. La Plataforma contra la Morosidad ha alertado de estas prácticas para pagar a proveedores fuera del plazo legal.

La empresa debe poner a disposición del trabajador, en el momento de la comunicación del despido, el total de la indemnización legalmente prevista de la que podrá detraer, en empresas de menos de 25 trabajadores, la cantidad que asume el Fogasa, esto es, el 40 % de la indemnización siempre que no supere los topes del artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores, debiendo la empresa, caso de que los supere, poner a disposición tal exceso también. Así, lo determina el TS en sentencia de 26 de abril de 2018, en la que determina que la cantidad debe ascender no únicamente al 60 % de la indemnización sino a la total cuantía de la indemnización restándole únicamente lo que debe abonar el Fogasa) teniendo en cuenta los límites previstos en el artículo 33.8 del ET.