ASESORES Y CONSULTORES EN GIRONA

El plan para ayudar a las familias afectadas por la crisis del coronavirus a pagar el alquiler, que se articula sobre cinco pilares, contempla movilizar hasta 700 millones de euros en líneas de crédito sin intereses y ayudas para que los inquilinos con problemas económicos conyunturales o estructurales fruto de la emergencia sanitaria y el freno de la económica abonen las rentas sin problemas. Por un lado, se habilitarán microcréditos a través del ICO cuyo interés, en principio, será asumido por el Gobierno. La idea es que, una vez recuperadas del bache, las familias devuelvan los microcréditos en un periodo de entre tres y seis años, en función de su capacidad económica. Esta medida está pensada para gente afectada por ERTE o que se ha visto obligada a cerrar sus negocios temporalmente por las restricciones aprobadas por el Ejecutivo. Para los colectivos más vulnerables tiene previsto coger los fondos del Plan Estatal de Vivienda, dotado con 400 millones de euros para los próximos dos años, para ayudar a que estas familias puedan pagar el alquiler. "En el caso de los grandes tenedores no estamos hablando de condonaciones, si no de incentivos, de reestructuraciones de deuda. Habrá medidas de cara a los arrendatarios y arrendadores en función de si es una crisis coyuntural o estructural".

Las principales asociaciones y colegios profesionales de gestores tributarios han emitido un comunicado conjunto reivindicando al Gobierno una moratoria general de impuestos, debido a las circunstancias extraordinarias. Muchas patronales y fiscalistas esperaban que el pasado martes el Ejecutivo lo anunciara. "La petición, que no es un capricho, sino una cuestión de sentido común, dada la imposibilidad, de recoger y tratar la documentación, y no exponernos, nosotros y nuestros trabajadores, a un posible contagio, ya que en la mayoría de casos la documentación para realizar las correspondientes autoliquidaciones la aportan físicamente los propios empresarios que, o bien es el personal de la propia asesoría el que va a recoger los documentos, con el consiguiente riesgo, por todos conocidos".

El Gobierno estudia aprobar este martes en el Consejo de Ministros el aplazamiento de las declaraciones y la liquidación de algunos de los principales impuestos para empresas y autónomos ante las citas tributarias que se aproximan las próximas semanas. El próximo 30 de marzo vence el plazo para liquidar el IVA y abril será el turno de las autoliquidaciones del primer trimestre de retenciones del IRPF e Impuesto de Sociedades. Desde el comienzo de la crisis, asociaciones empresariales y fiscalistas han pedido al Ejecutivo adoptar esta medida. El Gobierno concedió un aplazamiento en el pago de impuestos solo para aquellas empresas y autónomos con un volumen de facturación inferior a seis millones de euros anual y hasta un máximo de 30.000 euros.

En una orden ministerial, publicada a última hora de la noche, se establece en su primer punto "la suspensión de apertura al público de todos los hoteles y alojamientos similares, alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia, campings, aparcamientos de caravanas y otros establecimientos similares, ubicados en cualquier parte del territorio nacional". Y lo justifica porque la concentración de personas en alojamientos turísticos, que deben compartir determinados espacios comunes, "implica un incremento del riesgo de contagio, por lo que dada la situación de restricción en la movilidad de las personas resulta necesario para garantizar la contención de la pandemia". La orden entra en vigor el 19 de marzo, el día en el que se ha publicado en el BOE, y establece que en un plazo máximo de siete días no habrá ningún hotel abierto en España.