A partir del próximo 1 de octubre, el sector turístico tendrá que cumplir con la nueva normativa de registro de viajeros, que marca el Real Decreto 933/2021, que les impone recabar y comunicar al ministerio del Interior datos sensibles que van más allá de los que aparecen en los documentos oficiales que eran necesarios hasta ahora. Esta imposición va a suponer, según tanto los hoteleros como las agencias de viaje, un “caos” en la operativa de los establecimientos y de las empresas y “pone en serio peligro la viabilidad del sector”. Para los hoteleros, es imposible recabar y certificar la autenticidad de algunos de estos datos. De otros, ni siquiera tienen la propiedad ni el conocimiento, como son los datos bancarios, que se gestionan a través de un TPV o una plataforma de pago